La subvención forma parte del Plan de Choque 2021 del IMAS para reforzar las políticas sociales e incluye la asignación de 100.000 euros del resto de la institución insular a cada una de estas entidades.

El conseller de Derechos Sociales y presidente del IMAS, Javier de Juan, explicó que "aunque no hay datos oficiales, se cree que la crisis podría haber aumentado entre un 25 y un 30% las personas que atienden a Cruz Roja y Banco de Alimentos". Es un perfil, dijo de Juan, que además, "han cambiado los respetos de los usuarios habituales. Las entidades dicen que el impacto económico, sanitario y social causado por la pandemia ha cambiado los rasgos de las personas que piden ayuda. Se trata de personas que hasta ahora no eran usuarios de servicios sociales, que necesitaban productos básicos de higiene y alimentación y nunca antes habían solicitado este tipo de recursos".

Banc d'Aliments y Cruz Roja son dos entidades reconocidas por el Fondo Europeo de Ayuda a personas desfavorecidas y que nutren recursos básicos al resto de entidades de Mallorca. Ambas entidades han reconocido que el hecho de que la crisis sanitaria se haya prolongado con el tiempo y que continúe, está agravando la situación de inseguridad interna en la que vivían algunas familias y confirman que quienes nunca habían tenido que recurrir a los servicios sociales, ahora necesitan ir allí.

 
Reglamento de aprobación de servicios residenciales de acogida para menores

El Pleno también ha aprobado por mayoría el nuevo Reglamento por el que se establece el ordenamiento jurídico del servicio residencial de acogida de menores.  "El documento define el modelo de atención de los centros que queremos en el IMAS, que son centros más especializados y equipados con mayores recursos. También damos un paso adelante para aumentar la participación de los niños en las decisiones que afectan su día a día", dijo el Conseller de Derechos Sociales, quien también quiso agradecer al equipo directivo del IMAS, al área de Infancia y Familia y a las entidades el trabajo realizado por el "importante trabajo que realizan su preparación".
Además, este nuevo reglamento otorga seguridad jurídica al sistema de protección, ya que define las medidas de autorización y acreditación necesarias para la implementación de nuevos servicios.