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Martes, 24 de Marzo de 2020
Construcción

El sector de la construcción balear pide al Gobierno de España “que decrete la suspensión de la actividad para garantizar la salud de los trabajadores y sus familias”

Solo en Baleares hay 55.000 trabajadores en el sector que, aún hoy, se ven obligados a trabajar y que, al igual que sus familias, se encuentran expuestos al COVID-19.

La responsabilidad de cualquier contagio no podrá ser exigida a las empresas del sector: “Somos constructores, no expertos en sanidad”.

El sector de la construcción de Baleares pide al Gobierno de España “que decrete la suspensión de la actividad para garantizar la salud de los trabajadores” y que lo haga “a la mayor brevedad posible” para evitar problemas de carácter sanitario “dada la enorme dificultad de aplicar las medidas requeridas frente al coronavirus”.


El sector señala que “dada la diversidad del tipo de obras en las que nuestros trabajadores deben intervenir, no podemos asumir el riesgo de que puedan verse afectados, ni ellos ni sus familias, y la responsabilidad de que ocurra cualquier contagio no podrá ser exigida a las empresas del sector, ya que somos constructores y no expertos en sanidad”.


Solo en Baleares hay 55.000 trabajadores en el sector que, aún hoy, se ven obligados a trabajar y que, al igual que sus familias, se encuentran expuestos a una situación de riesgo de contagio frente al COVID-19 mientras no se decrete la suspensión de actividad en la construcción.

 

Responsabilidad social de las empresas del sector balear


Además de la firmeza en pedir al Gobierno de España que suspenda cuanto antes la actividad en la construcción, el sector balear, fruto de la responsabilidad social de sus empresas, ha participado activamente durante los últimos días, junto a la Conselleria de Vivienda del Govern balear, sindicatos y colegios profesionales, en la elaboración de un protocolo que, siendo pionero en España, incluye medidas extraordinarias que podrían reducir las posibilidades de contagio. Sin embargo, “la protección total no puede descansar sobre el voluntarismo protector de empresas y trabajadores, sino que exige la declaración de la suspensión de la actividad de la construcción”.

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