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Asociación de Constructores de Baleares / Eduardo López
Jueves, 23 de Abril de 2020
Illes Balears

Los constructores reclaman que las administraciones “se pongan las pilas” y sean eficientes “para evitar que, en dos o tres meses, el sector quede totalmente paralizado”

“Es necesario incentivar la inversión pública y privada porque no hacerlo conducirá al colapso total de la economía de Baleares”.

Ante la ausencia de turistas, urgen la suspensión de las ordenanzas y bandos municipales de ruidos que impiden o limitan el trabajo, como mínimo, durante el año 2020.

Los constructores de Baleares han hecho un llamamiento a las administraciones públicas “para que ‘se pongan las pilas’ y actúen de forma rápida y eficaz para evitar que, en dos o tres meses, el sector quede totalmente paralizado”. “Necesitamos eficacia y necesitamos dedicación, nadie entendería que la administración no pusiera los medios suficientes para poder corregir la ineficiencia que padecemos actualmente”, ha denunciado el presidente de la Asociación de Constructores de Baleares, Eduardo López.


“Nuestro sector está afrontando muchísimas dificultades y si no ponemos todos de nuestra parte será difícil que podamos salir de esta situación”. Sobre todo, “necesitamos que las licencias tanto de primera ocupación como las de obras, las autorizaciones de ocupación de vía pública y todos los trámites que tenemos que realizar con los Ayuntamientos, Consells y Govern, se hagan de una manera francamente rápida”, destaca Eduardo López.


“Si no los hacemos así impediremos que el sector de la construcción pueda aportar su máxima contribución a mitigar los efectos de la crisis sanitaria producida por el COVID-19 que ya ha impactado gravemente en el tejido empresarial, provocando una crisis económica y social, en un momento en el que otros sectores importantes, como el turismo, ha sido obligado a imponer un parón total, o el comercio que también experimenta grandes limitaciones su actividad”.


“Vivimos una situación excepcional, una crisis que ya amenaza la supervivencia de miles de empresas y trabajadores autónomos y que traerá consigo una masiva destrucción de empleo en nuestras islas. Y el sector de la construcción está en condiciones de contribuir a paliar la dramática crisis provocada por el COVD-19, ha manifestado Eduardo López.

 

Reivindicaciones para mejorar la eficiencia de las administraciones


Entre las principales reivindicaciones con las que los constructores quieren promover la eficiencia de las administraciones destaca la suspensión en la aplicación de las ordenanzas municipales de ruidos y bandos municipales que impiden o limitan el trabajo, como mínimo, durante el año 2020.


Pero, además, reclaman la agilización y digitalización de trámites administrativos y burocráticos desde la primera fase (concesión de licencias tanto de obra mayor como menor), durante la ejecución (ocupaciones de vía pública, carga y descarga, permisos de paso de camiones de determinado tonelaje, etc.) y hasta la finalización (concesión del final de obra municipal y las cédulas de habitabilidad).


Se puede conseguir mediante administración electrónica para todos los ayuntamientos y Consells y, hasta que la misma no sea operativa, establecer un sistema presencial efectivo, con las medidas de seguridad necesarias, de citas individuales para evitar aglomeraciones.


“Durante el estado de alarma resulta imprescindible que los registros de entrada de los distintos organismos se encuentren operativos y no se puede paralizar nuestra actividad por parte de la administración, impidiendo la entrada de solicitudes y demás documentación necesaria para el desarrollo de la actividad”.

 

“Es necesario incentivar la inversión tanto en obra pública como privada y apostar por la creación de vivienda asequible”.


El presidente de los constructores de Baleares ha hecho especial énfasis en la “urgencia” y la “necesidad” de “incentivar la inversión tanto en obra pública como privada”. En este sentido, Eduardo López ha defendido la “reactivación y el impulso de la licitación para favorecer la actividad del sector de la construcción y, también, para que el sector turístico pueda al menos aprovechar para renovarse y mejorar su oferta de calidad dada la ausencia de turistas prevista para el presente año”.


En obra pública “es imprescindible retomar los expedientes de licitación paralizados, la publicación de anuncios, recepción de ofertas, aperturas, adjudicaciones, y formación de contratos, así como aumentar la inversión, permitiendo que los ayuntamientos con superávit puedan destinarlo en la realización de obras municipales, lo cual beneficiará no solo al sector de la construcción, sino que irá en beneficio de los ciudadanos de cada municipio”.


En el ámbito de la inversión privada, Eduardo López ha destacado “la necesidad de impulsar la inversión en el sector turístico, favoreciendo las reformas y rehabilitaciones de establecimientos hoteleros, otorgándoles una licencia de obra exprés e incentivándoles a la realización de la inversión, mediante fórmulas que pueden contemplar una mayor edificabilidad o el incremento de categoría, entre otras. Y estas obras deben realizarse durante los meses de paralización de su actividad”.


Por otra parte, y “ante la problemática existente de falta de vivienda asequible para los ciudadanos de las islas, ahora más que nunca, es el momento de contar con una estrecha colaboración público-privada, es primordial construir vivienda asequible para ponerla en el mercado en los próximos años”. La falta de construcción de vivienda dificultará considerablemente el acceso a la misma, empeorando el problema social existente.

 

“Las administraciones deben arrimar el hombro por el bien de los ciudadanos”


Asimismo, los constructores también reclaman la aprobación de medidas concretas en materia fiscal “para reducir la carga que se ven obligadas a soportar las empresas en estos momentos de tanta dificultad en los que es necesario que las administraciones arrimen el hombro por el bien de los ciudadanos”.


Las principales medidas propuestas contemplan la bonificación del ICIO (Impuesto de Construcciones e Instalaciones y Obras) en un 50% en las edificaciones que se inicien en el 2020 y 2021 y el aplazamiento sin intereses a un máximo de 24 meses.


El sector de la construcción también reclama una moratoria en el pago de la Tasa de ocupación de vía pública, durante los próximos 12 meses al levantamiento del estado de alarma y la bonificación del Impuesto de Actividades Económicas en un 50%.

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