La Policía Nacional detiene a tres personas por empadronamientos fraudulentos

Consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal cuando dicha vivienda no constituya domicilio real del mismo es una infracción por cada persona extranjera inscrita indebidamente y dicha conducta puede ser sancionada con una multa de 501 hasta 10.000 euros por la Ley de Extranjería.

Agentes de la Policía Nacional en Palma y con la colaboración de la Policía Local de Santa Margalida, han llevado a cabo la detención de tres personas directamente implicadas en la comisión continuada de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad de favorecimiento de la inmigración irregular.

La actuación policial comenzó el pasado día 18 de Diciembre en la localidad de C´an Picafort, cuando una dotación de la Policía Local de Santa Margalida, detectaron movimientos extraños en un grupo de personas de origen magrebí que intercambiaban papeles con una mujer en las proximidades del Ayuntamiento de esa localidad.

Tras observar cómo esta mujer entraba en el Ayuntamiento acompañada de alguno de estos chicos magrebíes, los policías informaron inmediatamente a su jefe y este acudió directamente al Ayuntamiento junto con otra dotación de apoyo.

Identificadas las personas integrantes de este grupo y tras preguntarles por el motivo de su presencia en el lugar, la mujer no tuvo más remedio que reconocer que estaba autorizando el empadronamiento en su propio domicilio de tres de los magrebíes que resultaron ser de origen marroquí y que estos chicos le pagaban por ello.

Aparte de estas cuatro personas identificaron también a otros dos marroquíes más y un hombre que había llevado a todos ellos en su vehículo particular desde Inca hasta el Ayuntamiento de C´an Picafort con la idea premeditada de empadronarlos. Los agentes de la Policía Local de Santa Margalida informaron a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

A partir de ese momento se hizo cargo de las investigaciones el grupo de la UCRIF-2 de la Policía Nacional, tomando declaración a los policías locales y a los inmigrantes marroquíes todos ellos en situación irregular.

Los agentes consiguieron identificar al “organizador” de estas actividades delictivas un hombre de origen marroquí de 32 años de edad con residencia legal en España, quien había captado para su “negocio” a una mujer española residente en la localidad de Can Picafort y con graves problemas económicos.

La mujer, dado su estado de necesidad y por una pequeña cantidad de dinero, se dejó convencer para autorizar el empadronamiento en su propio domicilio de un total de seis extranjeros en situación irregular, todos ellos procedentes de Marruecos.

Estas personas, al igual que el resto de extranjeros en situación irregular empadronados de forma indebida y fraudulenta necesitaban desesperadamente un certificado de empadronamiento para poder llevar a cabo diferentes trámites con la administración, como la tarjeta sanitaria o ciudadana, entre otros.

Según sus propias declaraciones cada uno de estos empadronados pagaba 500€ por el certificado de empadronamiento de los que la gran parte del dinero se lo habría quedado el organizador, quien le daría a la mujer una pequeña cantidad.

El organizador para permanecer en el anonimato y evitar ser identificado, contactaba telefónicamente con la mujer española con llamada “oculta” y contrataba los servicios de un tercero, un hombre de origen portugués de 57 años de edad en situación de paro laboral, quien con su vehículo particular hacía de “taxista”, trasladaba a estos chicos hasta el Ayuntamiento de Can Picafort donde les esperaba la mujer para autorizar los empadronamientos.

La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Palma está haciendo un gran esfuerzo en detectar y perseguir los innumerables empadronamientos indebidos que se están llevando a cabo en Mallorca, repartidos por todos los
Ayuntamientos y que suponen un fraude a la Administración.

Este tipo de actuaciones está siendo muy utilizado para “asentar” la inmigración irregular y así acceder a las diferentes ayudas sociales u obtener permisos de residencia de forma fraudulenta. Consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal cuando dicha vivienda no constituya domicilio real del mismo es una infracción por cada persona extranjera inscrita indebidamente y dicha conducta puede ser sancionada con una multa de 501
hasta 10.000 euros por la Ley de Extranjería.