El Consell de Mallorca aprueba el pago de los 39.943 euros de las facturas de la SMAP de la legislatura anterior

El Pleno del Consell de Mallorca ha aprobado tres reconocimientos extrajudiciales de créditos de las facturas relativas a los gastos del alquiler de aparcamientos en el parking de Vía Roma correspondientes a la legislatura anterior y de los cuales se deriva una obligación a favor de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos por un importe total de 39.943,44 euros.

Se trata de una deuda contraída durante el mandato pasado por tres departamentos de la institución insular como consecuencia de la formalización de tres contratos con la empresa municipal SMAP por el abono de nueve plazas de parking para vehículos personales. En concreto, se ha aprobado el pago por REC de un gasto de 17.922,26 euros del Departamento de Turismo; otro por un importe de 11.711,76 euros del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, y otro de 10.309,42 euros del Departamento de Cultura y Patrimonio.

Asimismo, el Pleno de la institución ha acordado ordenar al órgano promotor del expediente que inicie el procedimiento para solicitar a las personas responsables la devolución voluntaria de las cantidades correspondientes en el plazo de cinco días, o bien que presenten alegaciones en el mismo plazo. En caso de que este importe no sea reintegrado voluntariamente, el Pleno ha acordado que se seguirán los procedimientos adecuados para recuperar los gastos asumidos por el Consell de Mallorca.

En este sentido, el consejero de Presidencia, Antoni Fuster, ha señalado durante su intervención en el Pleno que el informe de la Intervención General de la institución y los informes jurídicos de los tres departamentos concluyen que «los gastos por los cuales se tramita el presente expediente de REC, es decir, las facturas de los parkings para vehículos personales, no corresponden a gastos imputables al Consell de Mallorca, ya que no consta ninguna regulación ni disposición jurídica que ampare este tipo de gasto, por lo cual corresponden al responsable que la ha generado». Además, los informes también determinan que «los contratos con la SMAP por parte de tres altos cargos de la legislatura pasada no se hicieron siguiendo la normativa general de contratación administrativa».

El consejero Fuster ha explicado que «la institución se ve obligada a pagar las facturas del Gobierno anterior para evitar una reclamación judicial por parte de la SMAP, según indican los informes jurídicos.» No obstante, el consejero de Presidencia ha reiterado que «como no es una necesidad de interés público, se solicita a los responsables la devolución voluntaria de las cantidades correspondientes».