La Policía Nacional sanciona a cuatro propietarios de inmuebles que tenían empadronados a personas irregularmente

Agentes de la Policía Nacional en Palma procedieron a la sanción de varios propietarios de inmuebles por su implicación en empadronamientos irregulares. Estas actuaciones han permitido identificar y multar a responsables que registraban fraudulentamente a un número significativo de personas en sus viviendas.

La Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF 2), detectó que uno de los casos involucraba a un propietario con tres inmuebles, dos en la zona de Son Gotleu (Palma) y otro en Llucmajor.

La investigación se inició en una vivienda de Llucmajor, pero durante las gestiones policiales se descubrió que el individuo también poseía los otros dos pisos en Son Gotleu, donde llevaba a cabo el mismo tipo de fraude.

Se detectaron 34 empadronamientos irregulares, con un total de sanciones que superan los 20.000 euros

En total, permitió el empadronamiento irregular de 18 personas, lo que resultó en una sanción de 2.000 euros por cada uno de los pisos en Son Gotleu y 7.000 euros por el inmueble en Llucmajor, sumando un total de 11.000 euros en sanciones propuestas.

Además, la operación derivó en sanciones para otros tres propietarios en Llucmajor:

Un propietario en Llucmajor, donde se detectó el empadronamiento irregular de otras cuatro personas, sancionado con 2.000 euros.

Otro propietario en Llucmajor, con cuatro empadronamientos irregulares, que recibió una multa de 4.000 euros.
Un propietario en El Arenal de Llucmajor, donde se detectaron ocho empadronamientos fraudulentos, sancionado con 6.501 euros.

Estas sanciones han sido posibles gracias a la colaboración entre el grupo UCRIF 2 y el Ayuntamiento de Llucmajor, en el marco de un plan conjunto para reforzar los controles administrativos y prevenir el uso fraudulento del padrón municipal.

Continuación de la campaña contra el fraude en el empadronamiento

Las autoridades han anunciado que esta campaña contra los empadronamientos irregulares continuará en los próximos meses, con un refuerzo de las inspecciones y controles administrativos. El objetivo es detectar nuevas irregularidades, sancionar a los responsables y garantizar un uso legítimo del padrón municipal.

El empadronamiento fraudulento no solo vulnera la normativa vigente, sino que también puede ser utilizado para acceder de forma indebida a ayudas sociales, servicios sanitarios y beneficios públicos. Por ello, los organismos competentes intensificarán su labor de supervisión para asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar prácticas que distorsionen la gestión municipal y el equilibrio de los servicios sociales.

Las sanciones impuestas se han aplicado en virtud de la Ley de Extranjería, en lo relativo a infracciones administrativas por inscripciones fraudulentas en el padrón municipal. Además, si se detectase falsificación de documentos públicos para llevar a cabo estos empadronamientos, los implicados podrían enfrentarse a responsabilidades penales conforme al Código Penal.

Con este tipo de actuaciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra el fraude, trabajando en estrecha colaboración con las administraciones locales para proteger la legalidad, el orden administrativo y la equidad en el acceso a los derechos sociales.